El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
reclamó un estatuto jurídico diferenciado para las personas con enfermedad
mental o discapacidad intelectual que se encuentran en prisión, para garantizar
la efectiva protección de sus derechos y facilitar su completa y rápida
integración en la sociedad.
Así lo ha puesto de manifiesto esta mañana el presidente del
CGAE, Carlos Carnicer, en la inauguración de la jornada “La enfermedad
mental y la discapacidad intelectual ante el delito”, tercera del ciclo ‘Crisis
económica y Derechos Humanos’, organizada por la Fundación del CGAE, CERMI y
Fundación ONCE, que se ha celebrado hoy en la sede de CGAE.
Junto a Carnicer han participado Mariano Casado,
miembro del comité ejecutivo de CERMI y vicepresidente de FEAPS, y Beatriz
Rabadán, de la Fundación ONCE.
La enorme carencia de recursos adecuados y normalizados en
el tratamiento de las personas con enfermedad mental y con discapacidad
intelectual que han cometido algún delito y el elevado número de personas con trastornos
psicóticos ingresadas en las instituciones penitenciarias españolas (el 4% de
la población reclusa, según datos de Instituciones Penitenciarias) son motivo
de preocupación para la Abogacía Española, por cuanto puede suponer una merma
de sus derechos.
Durante la jornada, en la que han participado representantes
del mundo judicial, de la administración penitenciaria y del movimiento
asociativo, se ha denunciado la discriminación que sufren estas personas
respecto a quienes no padecen enfermedad o discapacidad. Así, si una persona
sin discapacidad o sin enfermedad comete un delito penado con menos de dos años,
puede evitar la cárcel si no tiene antecedentes. Sin embargo, y en las mismas
circunstancias, los enfermos mentales o las personas con discapacidad cumplen
en su integridad la privación de libertad.
También se ha puesto de manifiesto la necesidad de que haya
una mayor coordinación entre la administración de justicia y la sanitaria y,
sobre todo, una mayor formación de todos los operadores que intervienen en el
proceso penal: fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, abogados, personal
sanitario y funcionarios d e instituciones penitenciarias.
A juicio del CGAE, en tanto no se produzca la integración
absoluta de la atención sanitaria de los enfermos mentales en prisión en la red
sanitaria general, los servicios psiquiátricos penitenciarios deberían mejorar
su coordinación con la red de asistencia psiquiátrica y social comunitaria para
garantizar el tratamiento integral de esta población de riesgo. Solo una plena
integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema
sanitario general puede equiparar al enfermo mental con las demás personas que
requieran servicios sanitarios y sociales.
Por otra parte, durante el proceso judicial debe acentuarse
aún más la protección de los derechos de las personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mental para asegurar un especial cuidado de sus
necesidades reales. Esto resulta especialmente importante en el empleo de
medidas alternativas no privativas de libertad que eviten los internamientos
inadecuados. En estos procesos, la intervención del abogado resulta
especialmente decisiva.
Derivación a la red asistencial
La adecuada derivación a la red asistencial general de estos
enfermos haría innecesaria la creación de más recursos penitenciarios. La
Abogacía es partidaria de que se potencien los denominados “protocolos de
derivación” que evitarían encarcelamientos psiquiátricos innecesarios y
mantendrían en el sistema sanitario general de forma controlada a quienes no
deben estar recluidos.
Hay que tener en cuenta que, según la administración
penitenciaria, un 30% de las personas ingresadas en el sistema penitenciario,
podrían haber sido derivadas a otros recursos alternativos a la prisión.
El CGAE considera también enormemente preocupante la falta
de centros especializados que garanticen una atención adecuada y completa a los
internos que manifiestan algún tipo de trastorno mental y la escasa capacidad
de los hospitales psiquiátricos.
Todos estos asuntos se han abordado durante la jornada. En
la primera parte, Carlos García Castaño, presidente de la subcomisión de
Penitenciario del CGAE; Pilar Santos, fiscal; Carlos Riaza,
psiquiatra, y Juan Antonio Toro, juez de instrucción, han analizado la
situación de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental en
el proceso penal.
El cumplimiento de las medidas de seguridad en el entorno
penitenciario ha sido objeto de la segunda mesa en la que han participado Ángel
Luis Ortíz, juez de Vigilancia Penitenciaria; José Manuel Arroyo,
subdirector general de Sanidad Penitenciaria; Marta Cáceres, de la
Dirección General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía; Torcuato
Recover, asesor jurídico de FEAPS, y Ana García, psicóloga de la
asociación FEAFES León ALFAEM.
Con el ciclo, ‘Crisis económica y derechos humanos’,
la Fundación CGAE pretende analizar el impacto de la crisis económica en los
derechos y libertades de los ciudadanos e identificar iniciativas, provenientes
de la Abogacía o de otros sectores, que impidan retrocesos en el reconocimiento
de los derechos de los ciudadanos.
Fuente: Diariojuridico.com
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